Por qué no estoy asociado.

A menudo me preguntan por qué no formo parte de ninguna de las asociaciones de profesionales de privacidad que existen en España. Tengo claro que a más de uno no le gustará lo que opino, pero subrayo que es mi opinión, y nada más que eso. Todo es discutible, faltaba más, y lo que aquí cuento no pasan de ser unas impresiones particulares. Cada uno es libre de pertenecer a la asociación que le de la gana, y su interés tendrá en pertenecer a una u otra. O como es mi caso, a ninguna.

Por un lado, el Data Privacy Institute (ISMS Forum) está enfocado más a la seguridad de la información que a la protección de datos, y está dirigida a profesionales de empresas de cierto tamaño. Su nacimiento fue posterior en pocos días al de APEP, y las circunstancias en las que el DPI se fundó, a modo de escisión de APEP y aprovechando la existencia previa del ISMS Forum, las conocemos bastante bien los profesionales del ramo. Su certificación se centra en la seguridad de la información, no es en puridad sobre protección de datos. Como no me interesa la seguridad de la información más que de modo lateral, no estoy asociado al DPI.

La APEP, sin embargo, sí que nació enfocada a protección de datos desde sus inicios, y de un modo exclusivo. Creo que tuvo un arranque bastante fuerte, pero ha perdido fuelle con el tiempo. Muchos de los socios iniciales tenían puesta la esperanza en la lucha contra la “LOPD a coste cero”, quizá excesiva, porque una asociación, a mi parecer, ha de estar a proteger los derechos de sus asociados, no de las empresas de sus asociados. Llegué a estar en su Directiva, y como encargado de este asunto, y dimití al poco tiempo. Más allá de su certificación, que considero bastante completa, y de las charlas/coloquios/conferencias que se ofrecen, no veo que ofrezca valor real al asociado. Cuando has presenciado dos o tres ponencias de las que se ofrecen, se percibe la endogamia de éstas, te quedas sin ninguna novedad, tanto en el plano de las materias tratadas, como en el de las personas que las imparten. Tal y como está funcionando ahora, no me aporta valor alguno, y por eso tampoco estoy asociado.

Pienso que una de las mayores carencias que tiene es que no admite como socios a empresas. Quizá por prejuicios absurdos, pero creo que lo único que se logra así es que se pierda empuje profesional y sobre todo financiación, y con ello, la posibilidad de poder realizar más actividades que sean valoradas por los asociados.

Creo que ambas asociaciones no han trabajado para lograr el reconocimiento de sus certificaciones en ninguno de estos dos planos:

1. En el mercado de trabajo de profesionales. Más allá de alguna oferta de trabajo residual, no se han consolidado, y las empresas desconocen la existencia de este tipo de profesionales.

2. En el mercado de los servicios a empresas. Aquí tampoco ha habido acciones para dar prestigio a la certificación. Las empresas españolas no buscan que los servicios se los presten profesionales certificados, o las empresas que cuentan con ellos, porque no saben que existen y que prestan servicios de calidad.

Ninguna de las dos se ha preocupado de promover ese doble reconocimiento más allá del mismo círculo de los profesionales de la privacidad, y esto es un grave error. Al menos yo no tengo noticia de ninguna acción dirigida en exclusiva a alcanzar esos objetivos. Uno de los mayores esfuerzos que debieran acometer es ese: contarles a las empresas en general que existen estos profesionales, y que prefieran sus servicios a los de otros que ni tan siquiera se han preocupado de certificarse.

Insisto: esta es una visión personal de ambas asociaciones, basada en mi propia experiencia y en mis percepciones.

Formulario y comité supervisor

La reacción de Google no se ha hecho esperar: en menos de 15 días ha sido capaz de poner a disposición de los usuarios un formulario en línea para que puedan ejercer ese dichoso derecho que se ha dado en llamar “derecho al olvido”, cuando realmente se trata de un derecho de oposición. Tal y como lo ha llamado Google, mejor decir “derecho a la retirada de resultados”, porque me parece que olvidar, lo que es olvidar…

Tal y como predije, han automatizado el proceso de solicitud. La mentalidad “useña”, bastante más práctica que la europea, está acostumbrada a solucionar problemas con mayor rapidez. La ingente información que maneja la empresa hace necesaria esa automatización, al menos para recibir las solicitudes. Ya tienen experiencia con la retirada de contenidos protegidos, así que no les costará mucho realizar este trabajo.

No han dado un plazo de resolución, pero suponemos que deben aplicar los 10 días de la normativa española. Revisarán cada petición de forma individual, y han nombrado un comité de expertos, entre los que está incluido nuestro compatriota don José Luis Piñar Mañas. Este comité revisará los casos más controvertidos:

No hace mucho leía a Jules Polonetsky (Future of Privacy Forum), que bromeaba en su perfil de Linkedin con la creación de un nuevo puesto de trabajo en Google, “Decider in Chief”. Este puesto estaría reservado para una persona que se dedicaría a fijar la política a seguir por un equipo de “revisores” que tendría que vérselas con millones de peticiones… Pues ahí lo tenemos. De momento no ha habido una avalancha de tal calibre, pero recibir 12.000 peticiones el primer día en el que se abre el cuestionario no está nada mal. Hoy he leído que llevaban unas 40.000.

Ya veremos lo eficaz que es el sistema. De momento, como bien cuenta David Gonzálezno permite al peticionario probar el contenido de su solicitud, ni tan siquiera se informa de la recogida de datos, y hasta se prevé comunicar a la web donde está el dato publicado la petición del afectado… ¿será ésto el cuento de nunca acabar?