La SGAE demandó a la Asociación de Internautas (caso www.putasgae.org), logrando que esta última fuera condenada al pago de 36.000 euros y a retirar los contenidos publicados en su contra. La sentencia se halla recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Fiscal del Tribunal Supremo, Félix Herrero, sostiene que los prestadores de servicios de la sociedad de la información son responsables de los contenidos que se alojan en sus servidores, y que si no ejercen un control sobre estos contenidos, incurren en responsabilidad solidaria. Ha realizado un informe donde se apoya que sea el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien fije la jurisprudencia sobre la interpretación de la Directiva de Comercio Electrónico.
Si un prestador de servicios es responsable por opiniones ajenas… se convertirá en censor so pena de ser castigado por ellas. ¿Llegaremos a la censura previa? Las sociedades de gestión de los derechos de autor están empeñadas en ello.
Es la cantidad que el todopoderoso Google ha reservado para hacer frente a los litigios sobre derechos de autor que pueda depararle su reciente adquisición de YouTube.