El delegado de protección de datos, en el punto de mira

A partir de mayo, ciertas empresas están obligadas a nombrar un delegado de protección de datos. Hay bastantes comentarios hechos ya por internet con sus funciones, el problema de su independencia, formación y un largo etcétera. Pero no he visto ningún comentario relativo a la exposición pública a la que se van a ver sometidos los individuos que ocupen esta posición.

Tanto los responsables como los encargados tienen que publicar los datos de contacto de este sujeto, tal y como se dice en el artículo 37.7 del Reglamento:

El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control

Además hay que comunicárselos a la autoridad de control. En nuestro caso, a la Agencia Española de Protección de Datos.

El proyecto de Ley Orgánica de protección de datos dice en el apartado IV de su exposición de motivos que “La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona. Y así lo establece en el punto 4 de su artículo 34:

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.

No cabe duda de que es un buen ejercicio de transparencia, a primera vista suena muy bien esto de conocer al sujeto que es el responsable del sistema de protección de datos que tiene en marcha una empresa.

Ahora enlacemos esta bondad del nuevo sistema con la también transparente publicación de las resoluciones sancionadoras por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Como resultado, nuestro afortunado delegado se verá expuesta su competencia o incompetencia profesional ante la opinión pública cuando la empresa en la que desempeña sus funciones sea sancionada.

Cuando este sistema lleve funcionando un tiempo, cualquier departamento de recursos humanos tendrá un elemento más de juicio sobre la eficacia profesional de estos individuos solo con mirar en una página web.

Sí, ya sé que soy muy retorcido; ya sé que hay sanciones que no serán atribuibles directamente al mal ejercicio de la profesión, y que juegan muchas circunstancias… Pero es una situación que se va a presentar,  y creo que debiéramos reflexionar sobre ella.

Por cierto, ¿dónde se dice en el Reglamento que la autoridad de control tenga que publicar los datos del delegado de protección de datos? Porque solo menciona los datos de contacto, que no tienen por qué ser los datos personales del delegado… ¿No está yendo el legislador más allá de lo que toca?

Anteproyecto de ley orgánica de protección de datos

El viernes 23 de junio el Ministerio de Justicia publicó una nota de prensa donde se afirma que el Gobierno impulsa el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos para adaptar la legislación española al Reglamento 2016/679 antes de que este entre en vigor el próximo 18 de mayo de 2018.

Esperemos que este ejercicio de transposición legislativa se haga mejor que los dos anteriores, ya que tanto la antigua LORTAD, como la vigente LOPD y su Reglamento vieron cómo su articulado terminó en el Constitucional.

Es de destacar que, aunque tanto la directora de la AEPD, como el secretario general técnico del Ministerio de Justicia aseguraron que tendríamos nueva Ley, el ahora diputado socialista d. Artemi Rallo, cuestionó que fuera a aprobarse a tiempo.

Análisis de datos de no usuarios de Gmail: Google paga 2,2 millones de dólares

Hace ya un tiempo conté cómo FACUA denunció a Google por escanear los contenidos de los correos tratados con Gmail para mostrar publicidad. La Agencia Española de Protección de Datos admitió que los anuncios mostrados sí que tenían relación con el contenido de los mensajes. Sin embargo no sancionó porque, a pesar de reconocer que la forma en la que Google informaba a los usuarios sobre el tratamiento de datos en Gmail era defectuosa, argumentaba que a fin de cuentas el usuario había dado el consentimiento para el tratamiento de sus datos a cambio del uso de la herramienta. Se trataba entonces de un acuerdo en el que el usuario pagaba de esta manera para poder utilizar Gmail, el típico intercambio “publicidad a cambio del correo”

Es corriente que los denunciantes sean los usuarios de los propios servicios, o asociaciones que los representan. Sin embargo, me ha parecido interesante la noticia que apareció la semana pasada en The Verge. En 2015, un particular, Daniel Matera, demandó a Google por analizar los contenidos de los correos electrónicos que intercambia con usuarios de Gmail para mostrar anuncios publicitarios, sin tener él ninguna cuenta de este servicio. Daniel no utilizaba Gmail, ni había dado permiso a Google para que hiciera ese tratamiento de la información. Para cerrar el asunto, Google ha llegado a un acuerdo por el que pagará 2,2 millones de dólares a los abogados que han llevado el caso, y 2.000$ a cada uno de sus representados.

Sí, ya se que es mucho dinero, pero en EE.UU. hay bastantes abogados que viven, y muy bien, de plantear este tipo de demandas colectivas. A lo mejor estamos a meses de que en la Unión Europea también se pueda vivir de esto, visto el Reglamento europeo de protección de datos… ¿no creéis?