Falta de iniciativa

He estado digitalizando apuntes y artículos sobre protección de datos que conservaba en papel. Entre éstos, he encontrado documentación de un seminario sobre el régimen jurídico de los datos de tráfico en Internet que se hizo en la Universitat de les Illes Balears en febrero de 2005. Andaba por aquél entonces viviendo en Palma de Mallorca, con la suerte de que existía allí el CEDIB, Centro de Estudios de Derecho e Informática de Baleares. Una de las investigadoras me invitó a asitir como oyente, y lo cierto es que fue de lo más interesante, porque entonces estaba en el candelero el asunto de la conservación de datos en telecomunicaciones.

Invito a navegar por la web, todavía activa, del CEDIB. La última actualización es del 22 de enero del 2008. Puede comprobarse lo numerosas que son los seminarios, cursos, publicaciones… Esto me ha hecho reflexionar sobre el estado no sólo de la investigación en general, sino de la referida a la privacidad. ¿Qué tenemos en España digno de mención?¿existe alguna institución, sea pública o privada, donde se investigue la materia, y lo más importante, que produzca resultados que sean útiles para el sector empresarial, profesional, o la sociedad en general?

Basta con intentar profundizar para encontrarse con que existe un vacío tremendo. Por dar un ejemplo, el reciente asociacionismo no está pasando de un ejercicio endémico de onanismo “eleopediano”. Los mismos asistentes a los mismos foros donde repiten los mismos ponentes hablando de lo mismo. Mucha teoría, muchísima, pero poca práctica y pocos resultados palpables.

Si nos vamos al mundo de la empresa, para qué hablar. España, aunque nos pese, todavía no se ha subido a lo digital nada más que como consumidora, no tiene una masa crítica de empresas cuya materia prima esencial de trabajo sean los datos de las personas. Sí, alguno estará pensando en Tuenti, pero es una rara excepción. Como muchos otros, somos un país receptor y usuario de tecnología extranjera (Facebook, Google, Apple…) que sí que tiene como centro los datos. No producimos tecnología que ponga a prueba la privacidad, y no tenemos más remedio que entretenernos filosofando con los problemas que nos aporta esa otra concepción del derecho a la privacidad. El concepto casi puramente mercantil norteamericano choca con el eterno y fracasado proteccionismo europeo. Y de ahí el único acicate que mueve los artículos, ponencias y demás en los que anda paseándose el sector profesional por aquí. Sin los retos de la tecnología foránea, no habría tertulia.

Y finalmente, ¿asociaciones civiles que defiendan y promuevan los derechos de los ciudadanos? Ni están, ni se les espera.

El panorama es bien diferente al otro lado del Atlántico. Estados Unidos inventa, tiene la iniciativa tecnológica (¿qué fue de Japón…?), y disfruta de una brillante actividad dedicada a la privacidad en todos sus ámbitos. Pueden verse multitud de empresas que han surgido de las necesidades que plantea la gestión de la privacidad (TrusteNymityAbineSafetywebMyIDPersonal…); florecen las asociaciones civiles que defienden al ciudadano (EFFACLUEPIC,CDT…); existen universidades con proyectos de investigación sólidos (el Berkman Center de Harvard, el Berkeley Center for Law & Technology, elCenter for Internet and Society de Stanford, el CUPS de la Carnegie Mellon…).

Y para qué hablar del sector profesional, donde también se han implicado las empresas en bloque. Son ellas mismas las que impulsaron y fomentaron el asociacionismo. La International Association of Privacy Professionals (IAPP)se creó en el año 2000 (¡…!), y cuenta ya con más de 10.000 miembros en 70 países. La actividad que desarrolla es muy enriquecedora: congresos, seminarios, webinars, publicaciones… Desde hace tiempo tiene ya presencia en Europa, y desde el 2011 hasta ofrece certificación profesional sobre legislación europea (CIPP/E). Y este año ha comenzado a preparar su desembarco en la zona Asia/Pacífico.

En el primer Knowledgenet de la IAPP en Madrid tuve ocasión de compartir con otro asistente cómo el “lobby” americano había logrado sus frutos en Bruselas. Basta con leer el proyecto de Reglamento europeo de protección de datos para darse cuenta de cuánta influencia han tenido. Es lo que tiene trabajar en la misma dirección, con un proyecto común y teniendo claros los objetivos.

Pienso que existe una grave falta de iniciativa. ¿Compartís esta visión? ¿Alguna opinión optimista?

No existen las políticas de privacidad… ¡qué disgusto!

PapelH¿Cuántas veces hemos oído utilizar el término “política de privacidad”? Que si una web tiene o no tiene política de privacidad, que si hay que indicar en la política de privacidad tal o cual cosa… Pues tengo una mala noticia: en la legislación española NO existen las políticas de privacidad tal y como se han venido entendiendo desde hace un tiempo en el gremio.

Suelen aparecer esas políticas después de llegar a ellas desde un enlace que en muchas ocasiones está escondido a pie de página de inicio. Cuando las tienes delante, te das cuenta de que se trata de un conjunto de largos párrafos de información inútil e innecesaria, la mayoría simple copia de artículos de la Ley y Reglamento. Cuantas más cosas se pongan, mejor. Cada vez que leo alguno de estos engendros, pienso que es una justificación de minuta frente al cliente, porque ¿cómo se le explica que con colocar pequeños avisos en los formularios oportunos, y poco más, ya sirve? Así hay más letras juntas, y da la sensación de horas de trabajo de gabinete. Los hay que venden servicios al peso de las letras.

Es un término importado e impostado. Ya que no está en las normas, vayamos al Diccionario de la RAE a ver si nos da una pista o nos ayuda. Entre las diversas acepciones encontramos que define política como las “orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto determinado”. ¿Cuáles son las orientaciones y directrices que rigen la actuación del responsable, o de cualquier otro, que recoja y trate datos? Por esta definición parezca que la entidad puede optar o decidir qué hace o qué no, y de qué manera, nada más lejos de la realidad.  La Ley y el Reglamento, básicamente, son esas orientaciones y directrices. Nuestro ordenamiento es taxativo en este sentido, y permite poco margen de maniobra.

Si algo tiene nuestro cuerpo normativo sobre protección de datos, es que deja pocos puntos a merced de las decisiones de quien los trata. Nuestro sistema normativo es muy claro en qué información hay que aportar al titular de los datos, y cuándo hacerlo, porque de ello depende que tengamos el consentimiento necesario para tratar datos. Por eso la información al titular de los datos es esencial. La información que hay que dar viene marcada por varios artículos de la L.O.P.D.:

  • Artículo 5:información en la recogida de los datos
  • Artículo 11, punto 3:información mínima que hay que proporcionar sobre el cesionario si se tiene prevista o se realiza una cesión de datos
  • Artículo 27:información que hay de proporcionar el responsable de fichero cuando efectúa la primera cesión de datos
  • Artículo 30, punto 2:información al destinatario de comunicaciones comerciales cuyos datos han sido obtenidos de fuentes accesibles al público

Hemos de sumar a éstos los artículos dedicados por el Reglamento a la obtención del consentimiento, donde impone ciertos deberes formales que no hacen sino complementar al artículo 5 de la Ley. Y si abandonamos la L.O.P.D., puede añadirse la obligación de informar que impone la L.S.S.I.C.E., que no es más que una remisión a la anterior para el caso de que se recojan datos de carácter personal, y además, en el caso de instalación y uso de “cookies”, qué información previa ha de darse: información clara y completa, y los fines de los tratamientos de datos que se pretendan realizar. Y no hay más, el resto es pura literatura.

Ninguna de esas diversas manifestaciones del deber de información debiera catalogarse como políticas de privacidad. Para dar una muestra de cómo debe informarse en páginas web podemos leer las más que añejasRecomendaciones al Sector del Comercio Electrónico redactadas por la AEPD en el año 2000, como consecuencia de una inspección sectorial. En concreto, en su Recomendación Primera (página 10), referente a la información en la recogida de datos, dice lo siguiente:

En todas y cada una de las páginas web desde las que se recaben datosde carácter personal se incluirá claramente visible la información a la que hace referencia el artículo 5 de la LOPD, que el usuario deberá poder obtener con facilidad y de forma directa y permanente.

Podrá optarse por incorporar en todas esas páginas un texto o un botón adecuadamente etiquetado que, al ser seleccionado mediante un “click”, permita obtener la citada información. No obstante, se considera más adecuada una opción según la cual la lectura de dicha información se presente como ineludible (y no optativa) dentro del flujo de accionesque deba ejecutar el usuario para expresar la aceptación definitiva de la transmisión de sus datos a la entidad que los está recabando.

El subrayado y la negrita son míos. De verdad, qué recomendaciones aquéllas, de hace ya más de una década… Es que les pasa como a los vinos. Esto era Gran Reserva. Particularmente echo de menos en el haber de la AGPD documentos de esa claridad y utilidad, y no guías insulsas que se dedican a recopilar legislación, sus propias resoluciones y cuatro cositas más. Vino de mesa.

Es más fácil contagiarse de lo malo que imitar las virtudes ajenas. Sin embargo, hay razones para no seguir la moda de las susodichas políticas. La de más peso, que no existe obligación legal alguna, y que poco o nada aportan, salvo demostrar que el asesoramiento no es del todo correcto. La segunda, que además los titulares de los datos, en concreto los vascos, no las leen, comoayer contaban en Iurismática. Y finalmente y para colmo de males, si los usuarios las leyeran, el coste de oportunidad sería demasiado alto. Esto ya lo han demostrado en el país de las “políticas de privacidad”, e incluso comienza a haber iniciativas para acortarlas porque les empiezan a parecer inútiles.

Parece mentira que mientras ellos buscan cómo simplificar, nosotros, que tenemos algo simple, estamos intentando complicarlo.

Certificaciones varias

churras-merinasHace un año aproximadamente un grupo de profesionales fundó la Asociación Profesional Española de Privacidad. A los pocos días, y tras el abandono de esa primera iniciativa de algunas personas, se anunció la creación del “Data Privacy Institute”, en el seno de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, o ISMS Forum.

Si bien parece que ambas se dedican a lo mismo, esta mañana he escrito mi opinión en un grupo de Linkedin que se llama “Profesionales Privacidad”, y pienso que es bueno que comparta mis impresiones, ya que he llegado a la conclusión de que nada tienen en común los planteamientos de ambas. Y es que hay bastante barullo y revolución, pero no pueden confundirse churras con merinas.

Mis razones son las siguientes, por supuesto siempre sujetas a mejor crítica:

1.- Especificidad

La APEP es la primera asociación creada con objetivos exclusivamente relacionados directamente con la protección de datos, o si se le quiere llamar así, con la “privacidad”. El DPI, hasta donde yo conozco, no tiene personalidad jurídica propia, sino que es un proyecto que se crea en el seno del ISMS, que está dedicado a cuestiones más relacionadas con la seguridad. En su propia página web dice que su objetivo es “fomentar la seguridad de la información en España”. Y de ahí que sea natural que tanto la certificación como los objetivos del DPI estén más dirigidos a ese campo.

2.- Acreditación de especialistas

El CDPP es un certificado no especializado. Y me explico: con un solo examen te acreditan como experto técnico-jurídico-organizativo. Sin embargo, la acreditación ACP distingue entre ámbito jurídico y técnico, incluyendo lo organizativo en ambos, y dando lugar a dos especializaciones, que llaman “auditor” y “consultor/gestor de seguridad”.

3.- Materia y tipo de examen para acreditarse

La APEP se ha centrado en la protección de datos, y le da un peso específico alto a esa normativa en su sistema de certificaciones (ACP). Primero hay que superar un examen sobre conocimientos de LOPD y normativa asociada, para luego optar por la especialización que interese. En el caso del DPI, para obtener su certificación (CDPP), hay que aprobar un examen cuya materia está compuesta por sólo un 40% de LOPD y una normativa asociada muy variopinta. El resto hasta completar el 100% está relacionado con la seguridad de la información y su gestión.

El examen para obtener el CDPP es tipo test. El de ACP también es tipo test, y además, hay que desarrollar casos prácticos. Me parece más exigente este último, porque el aspirante ha de desarrollar de su puño y letra, pudiéndose evaluar con más fiabilidad el conocimiento real de una persona sobre esa materia.

4.- Exigencia de experiencia para acreditación

Ambos piden 3 años de experiencia. La APEP permite convalidarlos por 20 proyectos realizados con el perfil que se solicite, siendo revisados por un comité. En el caso del DPI no se menciona cómo se comprobará esa experiencia.

5.- Apadrinamiento:

Tanto la APEP como el DPI tienen previstos procedimientos por los cuales se otorga la certificación a profesionales con experiencia (apadrinamiento o “granfathering”). El DPI exige estar en posesión de un máster, lo que dejará fuera del proceso a profesionales que tengan una experiencia de peso, y además exige 6 años de experiencia en “el ámbito de la privacidad, la protección de datos de carácter personal y la seguridad de la información”. Por poner un ejemplo concreto, alguien acreditado como CISA, y que ni haya tocado la LOPD jamás, podrá acceder al CDPP.

La APEP sin embargo pide 5 años de experiencia o haber realizado 40 proyectos y demostrarlo, pero siempre relacionados con la protección de datos. Poco comentario más hay que hacer: sí o sí, protección de datos, no otras materias que, sin desmerecerlas, no garantizan conocimiento y aplicación de la normativa, que es lo que a fin de cuentas ha de aplicar un profesional de la protección de datos, sea de perfil jurídico o técnico.

6.- Código ético

La APEP exige que el profesional certificado se adhiera a un código ético que supongo que garantizará cierta homogeneidad en el modo de trabajar. Cuando lo publiquen lo sabremos, pero hasta podría llegar a la retirada de la certificación o expulsión de la asociación si se quebranta. El DPI no contempla algo parecido, quizá no quieren controlar estos aspectos.

El planteamiento de la APEP me resulta novedoso porque se centra en la protección de datos, dándole el papel y la sustantividad que se merece. La iniciativa del ISMS Forum es una evolución de certificaciones relacionadas con la seguridad de la información, como el CISA, para darles un poco de contenido legal. Es un punto de vista más tradicional y cercano a lo que teníamos hasta ahora.