En agosto de 2.005 el sindicato FSAP-CC.OO. denunció a la empresa pública Transportes Urbanos de Mérida S.L. por instalar cámaras en los autobuses urbanos de la ciudad. Y también lo puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno, y del Ministerio Fiscal por si constituyera delito (impresionante, les faltó comunicárselo a la Casa Real).
Ayer D. Juan Luis Lancho, del citado sindicato, hasta ofreció una rueda de prensa para informar de que la Agencia Española de Protección de Datos le había notificado “el inicio del procedimiento sancionador”, y que la sanción podría alcanzar hasta 300.000 euros que serían pagados con el dinero de todos los ciudadanos. No tiene desperdicio leer la noticia, donde este señor afirma que “es muy peligroso que esas imágenes puedan deambular por ahí sin permiso”… y tanto, imaginaros el susto ?
Fuera bromas. Ya había observado que los partidos políticos y sindicatos utilizaban el incumplimiento de la LOPD para machacar al contrario. Esta noticia de Mérida no hace más que confirmármelo. Baste con comprobar de qué signo o afinidad política es el denunciante, para acercar con el del denunciado. Las elecciones municipales están cerca, amigos.
Ayer apareció en el diario británico Independent una feroz crítica al plan de Blair de aumentar el control sobre los datos de los ciudadanos.